Las narcofotos que tocan las esferas íntimas del MAS

 

 

Desde el presidente Evo Morales hasta el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no se libraron de ser vinculados con narcos después de salir en fotografías. El ilícito se apodera de algunas regiones.

 

Romero al lado de Pablo Ramos y su esposa, el día de su boda. Foto: Archivo digital

 

sábado, 23 de diciembre de 2017 · 03:00

Daniela Romero Periodista de Página Siete

 

En una primera imagen, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aparece al lado de Pablo Ramos, acusado por narcotráfico, el día de su boda; en otra, la autoridad baila con la novia; y en una tercera se lo ve sonriente al lado de los recién casados. Así el Ministro se codeaba íntimamente con   el hombre que tiene antecedentes por droga y además  vínculos con el Cártel de Jalisco (México).


  Ramos, presidente del club de fútbol Real América, también salió en fotos con el presidente Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, con la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, entre otras autoridades. Todas las imágenes las compartió en su página de Facebook.


En sus publicaciones se jactaba de su compromiso con el proceso de cambio del partido de gobierno, apareció varias veces con una polera azul con la leyenda “Evo, sí reelección” y casi siempre estaba en eventos deportivos con el ministro Romero, que además es presidente del club Sport Boys.


Este narcovínculo  fue uno de los últimos que salió a la luz pública en el año, que derivó en el encarcelamiento de Ramos.
Pero, no fue el único caso. 


Un mes antes, el 17 de noviembre de este año, la Policía Federal de Brasil detuvo a Fabio Andrade Lima Lobo con 420 kilos de cocaína purificada.
Lo sorprendió cuando terminaba de aterrizar en una avioneta en territorio brasileño.


 Luego de caer en Brasil, el Gobierno boliviano identificó al joven de 25 años como un pez gordo del narcotráfico, cuyo escenario de operaciones era Beni. Además,  estableció que es hijo del capo del Cártel de Cali, Célimo Andrade (fallecido), y de la excandidata oficialista a la subgobernación de Beni  Carmen Lima Lobo.


Fue tan evidente el nexo que Romero reconoció ese parentesco y prometió investigar a todos los eslabones.
No obstante, para salir en defensa del MAS dedicó una conferencia de prensa de más de una hora para recordar los narcovínculos que hubo en  los  90, durante los gobiernos neoliberales.


Con todo, los narcos seguían apareciendo cerca a las esferas del MAS. Si Pablo Ramos se codeaba con autoridades de Gobierno, Rómer Gutiérrez  llegó a ser uno de los asesores oficialistas más cercanos al Gobierno.

  Hermano de la diputada masista Amparo Gutiérrez, asesor de la concejala de Santa Cruz por el MAS  Melody Téllez  y cercano al Presidente, a ministros y diputados,  en julio Gutiérrez fue detenido en Brasil con clorhidrato de cocaína.


Los nexos aumentaban. Máxima Arias, la hermana de la diputada masista Adriana Arias, fue detenida en Samaipata (Santa Cruz) con droga adherida a su cuerpo, en septiembre de este año. Después de que fuera enviada a prisión se dio a conocer que un tercer hermano, Fermín Arias, estaba encarcelado en Palmasola desde 2015 por el mismo delito: tráfico de sustancias controladas.

 La asambleísta se limitó a responder que los delitos son personales. Ella sigue cumpliendo sus funciones como diputada.


 La punta del ovillo de toda la cadena del narco  se abrió en febrero, cuando Página Siete reveló que Jorge Pérez Ardaya,  el padre del entonces viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, era buscado en Argentina por un caso de narcotráfico ocurrido en 2006, cuando este ciudadano fue detenido en el vecino país.


 Días después de la revelación, Pérez Valenzuela reconoció  su lazo familiar, aunque aclaró que hace años que dejó de tener relación con su padre. Horas después, el ciudadano se entregaba a la Interpol y era llevado a Argentina para responder a la justicia.


 Las reacciones polémicas


Después de los escándalos que levantaron duras críticas en el país, no faltaron las reacciones en defensa del partido de gobierno. El primero fue el presidente Morales, quien luego de conocer uno de los últimos vínculos con autoridades de gobierno salió en defensa del MAS.


A principios de noviembre, en un acto público en Potosí, el Primer Mandatario lamentó que surjan “mentiras” que afectan a sus ministros.  “Desde la Embajada de Estados Unidos han planificado cómo atacarnos con la corrupción y el narcotráfico”, aseguró.


Al mismo tiempo, amenazó con expulsar al encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Peter Brennan, si éste seguía “planificando ataques” contra su gobierno. No obstante, se conoció que el diplomático ya había anunciado su salida días antes de la declaración de Morales.


En contrapartida, el diputado opositor (UD)  Tomás Monasterio   reveló públicamente algunas de las relaciones estrechas de narcos con el oficialismo.
En una entrevista, aseguró que en vez de ser partido de gobierno, “el MAS es un cártel”.  


“Van sumando denuncias y antecedentes de la relación estrecha y directa con dirigentes del MAS, con personas relacionadas al narcotráfico”.


Entre ataques y respuestas subidas de tono  apareció el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, saliendo en favor de Pablo Ramos, cuando éste fue detenido. Aseguró que por ser consumidor se lo trata como un narco y atacó duramente a Monasterio. Los ataques verbales se fueron al extremo de incitar a que haya golpes. 

 “Esto mis abuelos me enseñaron a resolverlo como hombre y, cuando quiera, si quiere que él ponga día y hora en el cuadrilátero, lo desafío y cobramos entrada”, manifestó el alcalde.

 

El diputado opositor  calificó como una “reverenda estupidez” los dichos de Cronenbold. Al margen de descartar agarrarse a golpes con él, desestimó que un tema tan importante como los narcovínculos se dirima en una “riña callejera”.


En los últimos años Bolivia firmó decenas de acuerdos con países limítrofes en materia antidroga. El objetivo principal es cuidar las fronteras para que no haya ingreso ni salida de droga (cocaína y marihuana). 


La Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) firmó, por su parte, un acuerdo de cooperación llamado “Programa País” 2016-2020 con una inversión de 22 millones de dólares.


Entre pactos bilaterales y cooperación de organismos internacionales la lucha antidroga en Bolivia no aterriza donde verdaderamente se necesita: adentro. 


Los vínculos de miembros  del MAS  con el narcotráfico preocupan; sin embargo, las autoridades implicadas se hacen de la vista gorda, mantienen sus funciones y todo queda ahí. Ramos y Andrade tuvieron que ser detenidos en Brasil para que en el país  el Gobierno recién admita los  lazos narcos.

Para muestra, un botón. 

 

Beni, el feudo del acopio de la droga


Cada día en Beni aterrizan al menos siete avionetas en localidades alejadas de todo control, aunque de por sí éste  es escaso. Tocan tierra para recoger mercadería que genera millones de dólares al pasar la frontera con Brasil.


Cuatro clanes familiares “lotearon”  cinco poblaciones con el narcotráfico: San Borja, Magdalena, San Ramón, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín. 


Pero, no sólo las familias se asentaron en esos sitios para acopiar droga. Una organización conformada por capos brasileños, colombianos y peruanos se posesionaron de otras localidades.

 

Desde allí dirigen toda la cadena de transporte de la cocaína.


  Informes de prensa de Perú establecieron que los cabecillas son narcos buscados en su país que actualmente se hacen cargo del transporte de lo ilegal desde el  Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) hasta Beni, donde se acopia la droga, para luego llevarla hasta Brasil en avionetas con pilotos y matrículas bolivianos. 

Pero también en Bolivia se confirmó el dato. Exjefes policiales que fueron destinados a Beni aseguraron que este departamento está comandando por familias reconocidas que tienen nexos con extranjeros para trasladar cocaína hasta Brasil.


El país vecino es el destino favorito porque la cocaína triplica su valor.
Si en Bolivia el kilo de clorhidrato cuesta 1.500 dólares, en Brasil vale 4.500 dólares.


  Los envíos sobrepasan los 50 kilos por avioneta, si viajan siete aeronaves al día se habla de 1,5 millones de dólares que genera el narcotráfico por día. El Gobierno anunció que ya se tiene una investigación profunda de lo que pasa en Beni, pero hasta ahora no se conocen los resultados.