Partido Obrero Revolucionario

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AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MINERA DE DESARROLLO NACIONAL

 

 

Uno de los temas más importantes y polémicos en la vida económica de Bolivia es el referido a la actividad minera como actividad productiva fundamental de estas tierras desde hace varios cientos de años atrás. Principal actividad económica que permitió vivir a los bolivianos hasta nuestros días. Y como se observa, lo seguirá siendo por muchos decenios más. Toda su historia refleja las vicisitudes de esta actividad extractiva; cada época con sus distintos actores tomando el papel de explotadores y beneficiarios del excedente, y otros jugando el papel de explotados materializando la riqueza de subsuelo en valores de uso o dinero efectivo.

Cuando hablamos de las tendencias de desarrollo de la economía boliviana, la minería toma un lugar central en el debate por constituirse en la actualidad en una de las más importantes fuentes de ingreso para la economía boliviana. Cualquier debate sobre el futuro de Bolivia debe dilucidarse en base a definir cómo aprovechamos esta importante fuente de riqueza mineral que se encuentra bajo tierra y quienes van a ser los que se aprovechen esta: ¿los ahora inversionistas privados extranjeros que se encuentran en todo el continente saqueando los riquísimos yacimientos mineralógicos?, ¿los cooperativistas del oro que se asocian con grandes capitales privados para hincharse sin dejar nada al Estado?, ó ¿el Estado boliviano y el conjunto del pueblo boliviano?.

“Nos ha correspondido señalar que se arriba al capitalismo de dos maneras: una tradicional y lenta que consiste en el desarrollo orgánico e interno de los gérmenes capitalistas en el seno de la vieja sociedad, fenómeno que da nacimiento a la burguesía revolucionaria y que paulatinamente va barriendo todas las formaciones económico-sociales precapi-talistas…; la otra es la tardía incorporación a la economía mundial como consecuencia de presiones extranjeras, incorporan al país obedeciendo a intereses que le son extraños, lo que se traduce en el desarrollo… de cierto sector de la economía a costa del estancamiento, postergación y hasta retroceso del resto (la consecuencia es el capitalismo como economía combinada; un imperativo para los países que llegan con retraso al banquete de repartija del mundo entre las grandes potencias). El imperialismo transforma radicalmente al país sometido e incorporado a la fuerza a la economía mundial, lo que se traduce en una profunda modificación de su economía y de su fisonomía social. De aquí arranca el carácter nacional de la opresión metropolitana”. (G.Lora)

El verdadero causante de la crisis de la minería en Bolivia es la política de los gobiernos masistas porque no tienen una política de desarrollo integral de la actividad minera. Sustituyéndola por una política vendepatria de entrega de nuestros riquísimos yacimientos a la voracidad de las transnacionales y de los cooperativistas, incrementando sólo en algunos puntos los impuestos y regalías para el Estado, pero entregando la parte del león a favor de estos capitalistas extranjeros y nacionales. Definitivamente, su política es rentista, entreguista y no desarrollista. Es por ello que al gobierno no le interesa invertir de manera directa en mejorar la productividad de la minería estatal y menos expulsar y nacionalizar a todas las grandes transnacionales mineras extranjeras que hoy manejan lo más importante de la extracción del zinc, plomo y plata del país.

Un plan de minería debería contemplar y asumir responsabilidad social con los componentes del proceso productivo. El Estado a cargo de la actividad minera debería separar parte de sus generosas ganancias extraordinarias de hoy en día para enfrentar los momentos difíciles, ante el comportamiento cíclico de los precios internacionales de los minerales. Si viene la caída de precios, los gobiernos despiden a los trabajadores, cierran las minas o las privatizan.

La ley Minera 535 aprobada en 2014 y la Ley de Empresas Públicas aprobada en el 2013, establece que las inversiones en la minería estatal SÓLO pueden ser financiadas por recursos propios de las empresas públicas productivas provenientes de sus ganancias de la gestión anterior o de préstamos gestionados por el gobierno central a ser pagados por las mismas empresas, cargados a sus pasivos. Con esto el Estado se libera de dicha responsabilidad y demuestra la ausencia de un plan de desarrollo de la minería nacionalizada. Pero por el otro lado, el gobierno sólo ve a las minas estatales como la “vaca lechera” que debe ordeñarse para financiar sus bonos cada año. Sólo para esto la utiliza. Esta política es rentista y no desarrollista.